La afectada recurrirá esta sentencia en amparo ante el Tribunal Supremo y Tribunales Internacionales de Derechos Humanos.

A pesar de que Olga Gibaja Delgado se había opuesto por escrito a la intervención, sufrió un corte en la vagina. Como consecuencia de esta actuación padece incontinencia, infecciones de orina crónicas y dolor en las relaciones sexuales desde hace tres años. Olga es profesora de secundaria y ha tenido que permanecer de baja laboral durante 186 días por culpa de las secuelas, de las que dan fe 34 informes médicos.
En una sentencia confusa y contradictoria, el tribunal afirma que dicha intervención “no está contemplada dentro de los casos de consentimientos informados que exige la ley Andaluza” y al mismo tiempo, que el consentimiento para la epidural prestado por la afectada cubría también la práctica de dicho corte.
En la sentencia se afirma que las decisiones de una mujer para el parto son simples “deseos” que si se puede, se cumplen y si no, no, quedando en manos de médicos y enfermeras el poder de decidir. Sin embargo, la ley establece que el derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre la propia salud y el propio cuerpo corresponde al paciente.
Los abogados de la afectada han presentado sendos escritos de aclaración y complemento, puesto que no existe ninguna “ley andaluza” que diga tal cosa y porque la decisión libre e informada, es un derecho humano fundamental del que las mujeres que dan a luz no deben ser excluidas.
El Parto es Nuestro denuncia este caso como un ejemplo de mala praxis para dar a conocer cómo se vulneran los derechos de las mujeres a la hora de parir y como llamada de atención para aquellas usuarias que se hayan visto afectadas por hechos similares.
La intervención realizada, una episiotomía (cortar la piel y músculos que rodean la vagina), antes se practicaba de forma rutinaria en la creencia de que ayudaba a evitar desgarros. La evidencia actual demuestra que no está justificada salvo situaciones extremas y debe ser practicada como cualquier intervención médica con potencial lesivo: previo consentimiento del paciente.
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